LA VERDAD DEL BAGUAZO AL DESNUDO

Aquí las razones por las cuales los representantes de los nativos no firmaron el informe del Ejecutivo que limpia a los verdaderos responsables de la muerte de 34 peruanos en Bagua.

Publicamos el documento íntegro que el presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, Jesús Manacés, y la integrante de esta comisión, religiosa Carmen Gómez Calleja, entregaron el pasado sábado al ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova Vélez, explicando sus razones por las que no están de acuerdo con el informe firmado por los otros miembros de la comisión.




Lima, 25 de Diciembre del 2009

Señor
Adolfo de Córdova Vélez
Ministro de Agricultura
Presente.-

Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, en calidad de Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua (en adelante CEI), creada por la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente:

1. En primer lugar, poner de su conocimiento que el acceso al Informe Final de la CEI le fue impedido, sin motivo y arbitrariamente a la suscrita, Carmen Gómez Calleja, pese a ser miembro pleno de la Comisión y el cual -tal como se me comunicó oportunamente- había sido dejado desde el día 22 de diciembre el año en curso en el Ministerio de Agricultura para que, como los demás miembros de la CEI pudiéramos leerlo y decidir si lo suscribíamos o no. Fue sólo gracias a la gestión del Presidente de la Comisión que he podido enterarme de su contenido y, con conocimiento de causa, expresar de forma compartida las razones por las que no podemos suscribir dicho Informe Final.

2. En segundo lugar, era de esperarse que luego de las unánimes críticas que desató una primera versión del Informe, que fue de conocimiento público, se crearan las condiciones requeridas para que se concluyese en un documento final acorde con la rigurosidad, apego a la verdad y relación con las pruebas recopiladas por nuestra Comisión durante sus tres meses de trabajo; cosa que lamentablemente no ocurrió.

3. Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a nuestro juicio, en su contenido sigue el mismo espíritu y la misma línea de argumentación y, por ende, comparte las mismas deficiencias.

4. En primer lugar, porque al igual que el anterior texto, la gran mayoría de sus afirmaciones carece de una sustentación rigurosa, por más esfuerzos que esta vez se haya hecho para aparentar que se están tomando en cuenta los testimonios o entrevistas recogidas durante el trabajo de la CEI. Lo cierto es que en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciación propia al respecto. Hay una buena parte de hechos que se presentan y asumen como ciertos, teniendo escaso o ningún correlato con lo recogido por la Comisión.

5. Es evidente que del material recogido por la CEI (documentos, entrevistas, testimonios, visitas de campo, etc.) no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no “comprendieron bien” el contenido de los decretos legislativos cuestionados, debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc., que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas.

Durante el tiempo de trabajo de la comisión se fueron esbozando muchas causas, las cuales no aparecen recogidas; los comisionados tenían distintos puntos de vista y no se llegó a consensos, en parte por falta de tiempo suficiente para la reflexión conjunta; de ahí nuestra insistencia en la ampliación del plazo. Sin embargo, nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos, cuando es de conocimiento de todos, que las causas son más complejas y algunas vienen de tiempos anteriores. Esto puede ser opinión de algunos miembros de la comisión, pero la afirmación de que sea la causa principal no se sustenta, por ejemplo, en los testimonios recogidos en los grupos de indígenas u organizaciones representativas.

Por este error inicial, gran parte de las recomendaciones del Informe Final se refieren a una mejor comunicación o explicación de los decretos legislativos, sin tener en cuenta que, para un gran número de entrevistados dichos decretos deben ser derogados, tanto por la forma en que se dieron como por sus contenidos.

6. Es importante señalar que no se da el mismo carácter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los indígenas; en muchos casos estos últimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quería decir y volviéndolos contra ellos mismos.

7. En la cronología efectuada se han incluido muchos hechos que no tienen una justificación adecuada, mientras que, a la vez, se omiten otros que, por el contrario, son sumamente relevantes. En varios momentos de la cronología, además, el Informe Final no se limita a mencionar el hecho, sino que lo comenta o valora, lo que desnaturaliza el recuento de hechos y le infiere un componente de subjetividad valorativa impropio de una investigación objetiva e imparcial.

8. Si bien de los testimonios que se logró recoger, y que no han sido valorados adecuadamente por falta de tiempo, se vislumbran responsabilidades en los militares y policías, no se ha logrado aún determinar cómo fue el operativo, qué coordinaciones se tuvo entre ambas instituciones o con otras instituciones del Estado y cual fue el rol del ejecutivo en estos hechos.

9. En suma, la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes, ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños o manipulaciones.

10. Como es de dominio público, el 5 de junio de 2009 aconteció en Bagua, Amazonas, Perú, una situación de conmoción y confrontación social acumulada, que tuvo como protagonistas al Estado y a los pueblos indígenas amazónicos y dejó un lamentable saldo de 33 víctimas mortales, un policía desaparecido y más de 200 heridos, de los cuales 82 fueron de impacto de bala.

Tres meses más tarde, el 7 de septiembre de 2009, se creó la Comisión Especial para Investigar y Analizar los sucesos de Bagua (CEI) a través de la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG asignándole como objeto “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicas, políticas y religiosas que dieron lugar a los sucesos del 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación”.

Conforme a su norma de creación, la CEI debió estar presidida por los principios de verdad, justicia, equidad, independencia, imparcialidad, objetividad y exhaustividad; y su finalidad esencial es contribuir a que “hechos similares nunca más vuelvan a suceder”.

No obstante, los hechos sucedidos el 05 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas. En particular, la responsabilidad de quienes, por la posición que ocupaban u ocupan en el ejercicio del poder, tuvieron una implicación directa y pública en estos hechos; derivándose más bien estas responsabilidades a actores secundarios o, alterando incluso la verdadera naturaleza de los hechos, para sindicar dicha responsabilidad a terceros, lo que impide esclarecer las verdaderas responsabilidades.

11. El análisis de los sucesos de Bagua hecho por los miembros de la Comisión que suscriben el denominado Informe Final, no sólo no ha respetado el principio de objetividad, imparcialidad y exhaustividad al que estaba obligada por mandato legal, sino que, además, no ha respetado aspectos sustanciales del procedimiento formal para el logro de sus objetivos.

12. El gobierno, por su parte, no colaboró efectivamente con el desarrollo del objetivo de la Comisión, pues no se le otorgó el financiamiento y medios necesarios para que lleve a cabo con eficiencia su labor.

13. En efecto, la CEI se instaló el 7 de septiembre de 2009, pero nunca se aprobó el Presupuesto, ni asignaron, y menos se proveyeron las recursos y el tiempo necesarios para que pudiera cumplir con su objeto. Recursos aprobados con este fin por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nunca se hicieron efectivos. El Ministerio de Agricultura solventó dos viajes de la CEI; este fue el único apoyo en lo que se refiere a presupuesto.

14. Otros órganos del Estado obstaculizaron igualmente la actuación de la CEI, como fue el caso de funcionarios del Ministerio Público, quienes negaron al Presidente de la Comisión, señor Jesús Manacés, los documentos de la investigación fiscal. Lo mismo ocurrió con el Informe de Control Interno del Ministerio del Interior, que le fue negado al Presidente de la CEI pese a solicitarlo en varias oportunidades. Ambas entidades se excusaron argumentando para ello que las investigaciones estaban en proceso.

15. A pesar de tener por objeto la búsqueda de la verdad, la CEI no pudo interrogar, en ningún momento, a diversos personajes que, sin embargo, son protagonistas esenciales del relato que ella misma construyó alrededor de los sucesos del 05 de junio de 2009 en Bagua, así como de los hechos anteriores y posteriores al mismo.

16. No se pudo lograr la entrevista con el señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, que hubiera sido muy importante para aclarar algunos aspectos que se dieron previo, durante y después del proceso, que contribuirían a la reconciliación nacional, de acuerdo a la finalidad de esta comisión.

17. La CEI tampoco interrogó a los promotores directos de los decretos legislativos que, como la misma CEI reconoce, afectaban los derechos indígenas, carecían de legitimidad porque no fueron consultados con los pueblos indígenas, tal como instruía el Convenio 169 de la OIT y fueron “el desencadenante que generó el paro y las movilizaciones amazónicas a nivel nacional”. En el caso particular de la Ministra Mercedes Flores Aráoz, pese a que se la citó, no se pudieron conocer las razones que la llevaron a sostener, con insistencia y una buena dosis de alarmismo, que si se derogaban los decretos legislativos cuestionados se ponía en riesgo el Tratado de Libre Comercio celebrado (TLC) con los EE.UU. y el Perú podía ser objeto de sanciones internacionales. Afirmación que luego el señor Yehude Simon, ex Presidente del Consejo de Ministros durante los sucesos de Bagua, se encargó de desmentir tajantemente. Este último, tampoco fue entrevistado por la Comisión pese a la eminente y crítica posición que ocupó en el momento en que ocurrían los hechos objeto de investigación por la CEI.

18. En el Informe Final, los miembros de la CEI que lo suscriben, hacen graves imputaciones a organizaciones sociales, dirigentes, ONGs, medios de comunicación y miembros de la Iglesia Católica, a los que sin embargo, ni individualizaron, ni citaron para tomar su declaración y poder confirmar o desvirtuar los cargos que les atribuía. Lo cual invalida estas afirmaciones, pues no fueron llamados a rendir sus declaraciones; por ello consideramos que este informe es incompleto y tendiente a graves errores y no contribuye a la reconciliación nacional.

19. Asimismo, aunque el Informe Final atribuye directa responsabilidad a varios parlamentarios del Partido Nacionalista (PNP), a quienes sindica como promotores de la movilización indígena y la comisión de actos violentos urbanos (sic), en su gran mayoría tampoco fueron citados ni escuchados. De igual forma, no fueron citados ni escuchados los representantes de las rondas campesinas, dirigentes magisteriales o integrantes de determinados Frentes de Defensa locales a quienes el Informe Final atribuye la comisión de actos violentos, como también ocurrió respecto de representantes y dirigentes indígenas.

20. El Informe Final tampoco incluyó la versión u opinión de ninguno de los deudos de las víctimas civiles, fueran estas mestizas o indígenas y de ninguno de los 16 trabajadores que estuvieron en la Estación de Bombeo Nº 6. Ningún miembro de la DINOES declaró de forma reservada ante la CEI.

21. A pesar de haber entrevistado al Presidente del Congreso durante los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, señor Javier Velásquez Quesquén, y teniendo claro que la palabra empeñada del Congreso para revisar los decretos fue frustrada, el Informe Final no ofrece ninguna explicación de por qué, pese a que desde el mes de diciembre de 2008 una Comisión Multipartidaria, coincidiendo con la Defensoría del Pueblo, había recomendado la derogatoria de los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo por inconstitucionales, dicha decisión se postergó una y otra vez, siendo algunos derogados cuando ya la violencia se había desatado con el conocido saldo lamentable de víctimas mortales que produjo.

22. El Informe Final no toma en cuenta el marco internacional de respeto a los derechos humanos de todas las personas y en especial de los pueblos indígenas y en estado de emergencia.

23. Aunque el Informe Final destaca la promulgación por el Poder Ejecutivo y el Congreso de una vasta cantidad de normas, con implicaciones directas e indirectas vinculadas al ejercicio de derechos indígenas, no pone de relieve que ninguna de estas fue consultada con las organizaciones indígenas, violando con ello su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto de las decisiones de la administración que les afectan.

24. Los miembros firmantes del Informe Final pasan por alto que la dolorosa pérdida de vidas humanas con que se saldó el conflicto de Bagua en junio pasado, obligaba a una profunda reflexión encaminada a reconciliar al Estado peruano con los pueblos indígenas amazónicos del Perú; y, por este motivo, procurar por todos los medios, evitar las circunstancias que podrían dificultar un diálogo genuinamente respetuoso y de buena fe entre ambas partes, disipando con ello la posibilidad de que ocurran nuevos conflictos.

En este mismo sentido se ha pronunciado unánimemente la comunidad internacional, como se desprende de los pronunciamientos del relator especial de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (señor James Anaya), la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Comité de la ONU contra todas las formas de Discriminación Racial (CERD) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes persistentemente han hecho llamados a la prudencia, a un diálogo respetuoso y al cese de la represión contra los dirigentes y representantes indígenas.

25. La CEI no contó con las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos que tenía planteados; El Informe Final apenas hace referencia a las recomendaciones de las agencias internacionales encargadas de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Perú es parte.

26. Temas de investigación y protagonistas esenciales en los hechos materia de investigación no fueron abordados; el valioso material informativo recopilado por la Comisión no fue analizado conjuntamente por sus miembros de forma debida. El tiempo tan corto fue uno de los elementos en contra.

27. En el Informe Final se da un peso excesivo a los testimonios ligados a la versión oficial de los hechos, y se ha cuidado de manera notoria el propósito de no responsabilizar a los autores de las decisiones más relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua.

28. A pesar de que superficialmente se habla en el Informe Final de la exclusión y marginación histórica y estructural de los Pueblos Indígenas, no profundiza en las verdaderas raíces del conflicto, por lo que no contribuye en concreto a generar las condiciones que permitan superar estas brechas. Especialmente, no analiza en profundidad el deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas a partir del gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Un deterioro profundizado por los decretos legislativos emitidos con base a la delegación de facultades legislativas llevada a cabo por el Congreso para implementar el TLC y cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos.

29. El Informe Final omite destacar, asimismo, el traumático estado actual de todos los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ante la inconsulta y progresiva ocupación de sus territorios y el deterioro sustantivo de sus recursos vitales, así como los gravísimos impactos a su salud, a su derecho a la alimentación y la sostenibilidad de sus bosques, aguas, flora y fauna, por parte de las empresas extractivas -petroleras, mineras y madereras- beneficiadas con las concesiones otorgadas por el Estado. Esta omisión elude tratar la causa estructural que, según los pueblos indígenas amazónicos, explica el actual conflicto con el Estado peruano.

30. Pese a que se reconoce que no existen mecanismos para garantizar la participación de los pueblos indígenas, el Informe Final no profundiza en el significado que esta ausencia tiene respecto del control de estos pueblos sobre su propio desarrollo.

31. En el recuento de los hechos de violencia cometidos durante los sucesos de Bagua, el Informe Final se basa en testimonios parciales que caracterizan como una actuación defensiva una acción policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir -como este reconoce- acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía.

32. En este mismo sentido, no se explican las razones que tuvieron los mandos policiales y militares para actuar como actuaron o, en su caso, para determinar quién les ordenó que actuaran de esta forma.

33. La formulación del Informe Final no tuvo suficientemente en cuenta la característica que tiene el proceso colectivo y no individualizado de toma de decisiones de los pueblos indígenas, donde los dirigentes deben asumir la función para la que han sido designados y no tratar los asuntos de sus pueblos como una cuestión personal o particular.

34. El Informe Final no manifiesta un principio y derecho básico referido al valor de la vida y que todo acto de violencia, venga de donde venga, va en contra de toda legalidad. No se explicita el repudio de las formas como se enfrentaron hermanos peruanos. No se debe olvidar que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. No se expresan las condolencias a todo familiar y toda persona que ha sido gravemente afectado por este conflicto. Falta el aspecto de sensibilidad humana en el Informe Final.

35. Junto con la búsqueda de la verdad, la CEI tiene como objetivo proponer condiciones para que tales hechos no se repitan. A pesar de ello ésta no ha hecho notar el clima de permanente de hostilización del Estado contra las organizaciones indígenas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliación buscadas.

36. El Informe Final carece de una dimensión inherente a la reconciliación, que es la de generar medidas para reparar los daños infringidos a todas las partes involucradas en el conflicto; y en especial, proponer medidas que reviertan, aunque fuere en parte, el dolor sufrido por las familias y comunidades que han sufrido la pérdida de sus seres queridos como consecuencia del conflicto. Proponemos que a la brevedad posible se cumpla con satisfacer las demandas que los afectados directamente por los sucesos del 5 de Junio, tanto civiles como policías o deudos, teniendo en cuenta los aspectos de salud, situación económica, situación legal e indemnizaciones.

37. Debe garantizarse la seguridad de los valiosos materiales obtenidos por la Comisión, su sistematización adecuada y la identificación de los vacíos de información pendientes, tomando este acervo como material de base para que, con los recursos y el tiempo requeridos, se pueda realizar el trabajo de investigación que la CEI no pudo concluir.

38. Se deben buscar los mecanismos que garanticen una participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afecten su propio desarrollo, implementando de manera sistemática y efectiva el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la revisión de la legislación y las instituciones concernidas para adecuarlas al carácter plurinacional de nuestro país.

39. Lamentamos que todo el esfuerzo desplegado no haya llegado a buen fin, básicamente porque no se ha contado con el tiempo ni los mecanismos, ni las facilidades para hacer el trabajo que el Informe Final requería.

40. Debe asumirse como una tarea pendiente esclarecer lo que verdaderamente ocurrió el 5 de junio, a fin de determinar causas, consecuencias y recomendaciones, aprovechando el material ya recopilado y completando éste.

41. Es muy importante que en cualquier investigación se cuente con la participación de los organismos internacionales; tal como lo sugirió el relator de las NNUU en su informe.

42. Los suscritos manifestamos que el presente documento tiene como objetivo explicar las razones por las que no podemos suscribir el Informe Final de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua. Hacemos también observaciones en cuanto a puntos afirmados, por su falta de sustentación, su disconformidad con la investigación realizada por la CEI y por contradecir ideas y afirmaciones que existen al respecto.

43. Los que suscribimos esta carta nos comprometemos a presentar en un tiempo prudencial un informe alternativo, basado fundamentalmente en el material acumulado por la comisión, así como en otros documentos públicos existentes y en otros insumos que sirvan para completar las fuentes con las que ya se cuenta.
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Publicado en el Diario LA PRIMERA el 25.12.10

ALBERTO ADRIANZÉN opina


Balance de 2009 favorece al gobierno (*)

Alberto Adrianzén, sociólogo y analista político, hace un descarnado balance del año 2009. El comportamiento del gobierno y de la oposición, el baguazo, la corrupción, el autoritarismo gubernamental, la condena a Fujimori, la reciente designación de Mercedes Aráoz como ministra de Economía, la amenaza de Alan García de cerrar el Congreso y el escenario electoral del 2011, son analizados por Adrianzén en la siguiente entrevista.


-¿Cuál es el balance de la gestión del gobierno en el 2009?

-El gobierno ha podido sortear las protestas sociales y continuar con su programa económico. En ese sentido, el balance político del año favorece al gobierno, no por sus virtudes sino por los defectos de la oposición. En cierta medida, la designación de Mercedes Aráoz como ministra de Economía define el balance del 2009. Con esta designación se ha colocado en un cargo tan importante a una persona que es responsable del baguazo y que ha sido objeto de críticas por parte de la izquierda, del nacionalismo, de los movimientos sociales e incluso de sectores empresariales.


-¿La designación de Mercedes Aráoz como ministra de Economía es un reto de García a sus opositores?

-Este nombramiento es una especie de burla de Alan García. Es la cereza en la torta que demuestra la poca capacidad de la oposición para poner un límite mínimo al programa económico neoliberal y modificar la situación política. El nombramiento de Mercedes Aráoz refleja la debilidad de la oposición y la voluntad fundamentalista de Alan García. Esto define el balance del año.


-¿Coincide con quienes dicen que el nombramiento de Mercedes Aráoz anuncia el inicio de una farra fiscal con fines electorales?

-Puede ser, pero lo más importante del nombramiento de quien es conocida como Miss TLC es que se va a profundizar la política neoliberal y la línea de las concesiones, de las privatizaciones, de los TLC.

-¿García siente que puede hacer lo que quiere sin tomar en cuenta a la oposición?

-Sí, creo que García ha llegado al convencimiento que no tiene una oposición importante, al punto de decir que puede cerrar el Congreso. La evaluación del gobierno es que la oposición política es débil y la social no tiene representación, y, por lo tanto, no pueden poner en jaque al gobierno…


-¿La protesta indígena amazónica que culminó en el baguazo no puso en jaque al gobierno?

-Lo jaqueó, es cierto, pero no lo suficiente. El gobierno ha podido neutralizar la protesta que estaba detrás de lo ocurrido en Bagua y después del baguazo ha continuado con su política. Es irónico y una paradoja que mientras se discute el informe sobre lo ocurrido en Bagua y las responsabilidades de lo sucedido, se nombre como ministra de Economía a la responsable del baguazo. Eso hace muy simbólica esta designación.


-¿El baguazo es el hecho político más importante del 2009?

-Socialmente hablando es el hecho político más importante, pero no ha tenido una gran repercusión política…-¿No ha marcado un punto de quiebre?-La protesta de los indígenas amazónicos marca la integración del último contingente social a la vida política del país, lo que redefine el mapa social, y las reivindicaciones de los nativos no sólo son locales sino que expresan la oposición nacional a los TLC, a las concesiones, al tratamiento al capital extranjero. En ese sentido, marca un punto de quiebre, pero no ha logrado rematar en una representación de nuevo tipo.


-¿A pesar de la debilidad de la oposición, el incremento de las protestas sociales puede presionar al gobierno y obligarlo a cambiar algunos puntos de su programa neoliberal?

-El malestar de la población con el modelo económico neoliberal y con el gobierno no logra alcanzar una representación política. Los conflictos sociales aumentaron en el 2009 y esa tendencia va a continuar en el 2010, pero para que esa protesta tenga sentido, impacto, consecuencia, debe expresarse políticamente, tener un remate político, y hasta ahora eso está faltando. Puede haber una multiplicidad de protestas, pero si esas protestas no están organizadas y no tienen una expresión política, estamos ante un malestar social que carece de una consecuencia de modificación de las políticas del gobierno.


-¿En el 2009 la oposición no ha avanzado en unificar y darle conducción política al descontento social?

-Algo se ha avanzado, pero todavía falta esa conducción política del movimiento social para expresar una voluntad colectiva y no quedarse en las protestas locales. El problema es que están primando los intereses corporativos de los grupos que protestan. Hay una visión muy localista en las protestas y una lucha por liderazgos que es suicida.


-¿Ante el aumento de las protestas sociales se ha profundizado el autoritarismo del gobierno?


-Sí. El gobierno cree que ahora puede entrar a pulsear de manera mucho más dura con la oposición política y social. La respuesta del gobierno ante las protestas se ve en lo que ha pasado recientemente en Majaz con el asesinato de campesinos.


-¿Y la corrupción?

-La corrupción se ha profundizado. Cada vez es más abierta y no pasa nada.


-Otro hecho importante del 2009 fue la condena a Fujimori por violaciones a los derechos humanos y corrupción. ¿Cuál es la trascendencia política de esta condena?

-El impacto político de esta sentencia es que se ha sentado un precedente de una condena a un presidente corrupto. Pero con excepción de LA PRIMERA y La República, los medios de comunicación no dicen eso. Hay una especie de coalición del silencio de algunos medios en torno al fujimorismo y sus latrocinios, y también frente a la corrupción actual. Esta condena ha sido un triunfo, pero luego Alan García indultó a Crousillat y se han liberado a una serie de militares acusados de corrupción. Esto demuestra que lo ganado con la condena a Fujimori no ha podido ser consolidado.


-¿El gobierno ha jugado en contra de esa consolidación?

-Así es, el gobierno, de la mano con el fujimorismo, ha jugado en contra del avance en la lucha contra la corrupción y de la defensa de los derechos humanos. Y la oposición no ha sido capaz de consolidar el triunfo que significó la condena a Fujimori y cambiar la correlación de fuerzas para crear un nuevo marco institucional y un escenario en el cual no sea posible indultar a Crousillat o liberar a los generales corruptos. El 2009 se ha dado un pulseo entre una política de avalar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, que es apoyada por el gobierno, y una política de sancionar a los corruptos y a los violadores de los derechos humanos. Eso es parte de un pulseo entre la contrarreforma y la reforma; entre un país excluyente y una democracia para todos; entre una opción autoritaria neoliberal y una democrática reformista.


-¿Qué espera políticamente para el 2010?

-Espero que el próximo año la sentencia a Fujimori cuaje en un nuevo marco institucional de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, en defensa de los derechos humanos; que el malestar social contra los TLC y el modelo económico neoliberal cuaje en una política de defensa de la economía nacional. Eso dependerá de la correlación de fuerzas y de que la oposición sea capaz de imponer un cambio.



“Alan García busca ganar puntos atacando al Congreso”

-El 2009 termina con la amenaza de Alan García de cerrar el Congreso si éste no aprueba su propuesta para renovar parcialmente el Congreso a mitad del mandato presidencial. ¿Qué consecuencias puede tener esta disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo?

-En este tema no hay en el Ejecutivo ningún objetivo de reforma auténtica, lo que busca García con su ataque al Congreso es ganar puntos. Por su alto desprestigio, el Congreso es un blanco fácil de atacar. A la gente le gusta que ataquen al Congreso, lo cual es un problema porque el Congreso es fundamental para la democracia.


-¿Esta amenaza de García al Congreso puede poner en riesgo la estabilidad democrática?

-Si García lleva a fondo esta amenaza se pondría en riesgo la estabilidad democrática, pero yo creo que esto es una bravata de García que no va a tener ninguna posibilidad de ponerse en práctica.


-Estamos ante la paradoja de que el presidente García y los dirigentes apristas atacan al Congreso cuando ha sido el Partido Aprista el que lo ha controlado estos años.

-Así es. Desde el 2006 todos los presidentes del Congreso han sido apristas y la principal responsabilidad del desprestigio del Congreso la tiene el Partido Aprista. El balance del Congreso es muy malo. Este año su desempeño ha sido muy deficiente. El Congreso en manos del Apra está ahondando su deficiencia.


-En la última encuesta del Latinobarómetro más del 50% de los peruanos no cree en la democracia. ¿Eso abre las puertas a opciones autoritarias?

-Y según esta encuesta el Perú ocupa el primer lugar en discriminación en toda América Latina. Eso demuestra la necesidad de cambio. No es que la gente no crea en el sistema democrático como tal; no cree en esta democracia que tenemos ahora, quiere nuevos políticos, grandes reformas, no quiere continuidad. Ese cambio se juega el 2011.



“El 2011 nos jugamos el futuro del país”


-¿Cuál es el escenario político para el 2010?

-En el 2010, como en el 2011, se vienen escenarios de definición. En la medida que se aproxima el escenario electoral es una necesidad avanzar en una unidad para darle conducción al descontento social. La oposición tiene que tener la capacidad de representar el cambio, porque se juega un momento estratégico para el país y para América del Sur. El 2011 se define entre la profundización del modelo neoliberal autoritario, en el que la economía y la democracia son para unos pocos, y el formar parte de un bloque de derecha en la región con países como Colombia, México y posiblemente Chile; o ir a un cambio radical, a una reforma profunda, fundacional, a un nuevo consenso nacional con un modelo de desarrollo más inclusivo y una democracia más transparente, y pasar a formar parte del viraje progresista que se está dando en América del Sur. Estamos ante una elección que es política, económica, cultural. El 2011 nos jugamos el futuro del país. Nos jugamos no sólo el tipo desarrollo, sino también el tipo de cultura, de vida que vamos a tener. El país requiere otro modelo económico, otro consenso, otra democracia, otra forma de organización institucional.


-Pero hasta ahora las encuestas dan ventaja a las opciones que representan la continuidad del modelo neoliberal.

-Yo dudo que las orientaciones que ahora se reflejan en las encuestas se mantengan hasta las elecciones. Es prematuro decir quiénes son los favoritos para el 2011. El clima electoral se va a comenzar a definir recién en la segunda mitad del 2010. Si gana la derecha tendremos un país fracturado, conflictivo, con violencia social, incapaz de enfrentar los retos del futuro integrando a todos.


-¿Quién puede representar con éxito la opción de cambio?

-No por simpatía, sino de manera analítica, objetiva, creo que el único candidato que hay en la oposición es Humala. No tiene competencia…


-¿El padre Marco Arana, que este año ha surgido como una opción electoral, no puede hacerle competencia a Humala en ese sector que propugna un cambio?

-Creo que Arana no es competencia para Humala. Y eso lo digo con mucho respeto y cariño por el padre Arana. Creo que Arana no genera la empatía que generó Humala el 2006. Arana representa especialmente a una clase media progresista, democrática, en cambio Humala representa a los sectores populares. Esa es la diferencia entre ambos.


-El trabajo de Arana está vinculado a los sectores populares, campesinos.

-No le niego las virtudes a Arana, pero lo que representa Humala desde el punto de vista social es mucho más complejo y grande de lo que hoy día representa Arana, que todavía está en un proceso de gestación. Humala ya tiene una campaña sostenida, tiene presencia en todo el país, tiene la gran virtud de haber resistido los feroces ataques de la derecha y de los medios adictos al gobierno y haberse mantenido en el escenario con una posición radicalmente distinta. Por eso Humala es la mejor opción para el cambio. Respeto las buenas intenciones del padre Arana y de sus seguidores, pero creo que es un error promover una candidatura paralela a la de Humala.


-El movimiento indígena también está pensando en consolidar su ingreso al escenario político con una candidatura propia.

-Pensar eso es un error. Me parece bien que el sector indígena busque tener una representación propia, pero deben formar parte de una gran coalición. Todos los sectores excluidos estos años deben llegar al gobierno y para eso se debe formar una gran coalición.

Entrevista: Carlos Noriega

(*) Publicado en el Diario LA PRIMERA el 28.12.09

En Lambayeque, BLOQUE POPULAR invita a Reunión de Camaradería por Fiestas

BLOQUE POPULAR LAMBAYEQUE
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL

Invitación

Se invita a todos los amigos, militantes y simpatizantes del Movimiento Regional "BLOQUE POPULAR LAMBAYEQUE" a una REUNION DE CAMARADERIA por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo; acto que se llevará a cabo el DOMINGO 20 de diciembre, a las 10:00 a.m. en nuestro local institucional, sito en Av. Luis Gonzales N° 1164 - Chiclayo.

¡POR UN GOBIERNO DE UNIDAD PATRIÓTICA REGIONAL!

Chiclayo, 16 de diciembre de 2009.


Por el Comité Regional:


LUIS MURO QUEREVALU

ELKY FIESTAS PAZ

MICKEY ALVAREZ AGUIRRE

UZZIEL VEGA TIRADO

Ya se inscribió BLOQUE POPULAR JUNÍN

El Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, ha inscrito al Movimiento Regional “BLOQUE POPULAR JUNÍN”, del departamento de Junín en el registro especial.

Símbolo:


COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL:

Secretario General Regional:
Camacho Ortega José Rafael Flemón.

Secretario de Organización, Asuntos Sociales y Gremiales:
Bastidas Romero Rafael Alberto.

Secretaria de la Mujer:
Rudas Tinoco Ruty Elva.

Secretaria de Economía:
Dávila Núñez Miryam Edith.

Secretario de Juventudes:
Chihuán Vásquez Henry



Personero Legal Titular:
Camacho De La Cruz Maria de los Milagros.

Personero Legal Alterno:
Chanca Arriola Jorge Roque.


Personero Técnico Titular:
Tueros Gonzáles Luis Alberto.


Personero Técnico Alterno:
Zuloaga Torres Nohely Rosalin.


Domicilio Legal:
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